Jueces liberan el 84% del dinero bloqueado por la UIF

En un hecho que ha generado debate en México, se ha revelado que el 84% de los recursos financieros bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido liberados por órdenes judiciales. Este porcentaje corresponde a más de 25,000 millones de pesos, según datos oficiales, y ha provocado cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial y las acciones de combate al lavado de dinero en el país.

La UIF, bajo la dirección de [nombre del director durante el periodo], implementó una política agresiva para bloquear cuentas relacionadas con presuntas actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero, corrupción y financiamiento al crimen organizado. Sin embargo, gran parte de esos recursos han sido descongelados tras litigios presentados por los afectados, quienes argumentan que los bloqueos violan sus derechos constitucionales o carecen de fundamento legal sólido.

¿Por qué los jueces liberan el dinero bloqueado?

Una de las principales razones detrás de estas resoluciones judiciales es la falta de pruebas contundentes para justificar los bloqueos de cuentas. En muchos casos, los jueces han determinado que las acciones de la UIF no cumplen con el debido proceso o que las pruebas presentadas no son suficientes para sostener la retención de los fondos.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido criterios que limitan el alcance de la UIF, estableciendo que los bloqueos de cuentas deben cumplir con estrictos estándares legales y ser notificados de manera inmediata a los afectados. Estas regulaciones han complicado la permanencia de los bloqueos impuestos por la unidad.

El impacto en el combate al lavado de dinero

La liberación de estos recursos ha generado críticas hacia el sistema judicial, acusado por algunos sectores de beneficiar a presuntos delincuentes o de actuar con opacidad en casos de alto perfil. Por otro lado, expertos legales argumentan que los bloqueos indiscriminados pueden violar derechos fundamentales y afectar a personas o empresas inocentes.

La UIF, por su parte, ha defendido su trabajo, destacando que su función es preventiva y que sus acciones han permitido identificar redes de corrupción y operaciones ilícitas. No obstante, este alto porcentaje de liberación pone en tela de juicio la efectividad de su estrategia y abre el debate sobre cómo fortalecer las herramientas legales para combatir el lavado de dinero.

Un desafío para el sistema judicial y financiero

La liberación del 84% de los recursos bloqueados refleja los retos estructurales que enfrenta México en su lucha contra el crimen financiero. Este panorama plantea la necesidad de una mayor coordinación entre la UIF, el Poder Judicial y otras instituciones para garantizar que las acciones contra el lavado de dinero sean efectivas y respeten los derechos constitucionales.